El concepto de innovación ha evolucionado con el tiempo, sin embargo, no es un concepto nuevo; su origen se remonta a la reconstitución del Estado social democrático de derecho en los años 70 u 80 del siglo pasado¹². En la actualidad, la aparición de nuevas TIC y la centralidad del paradigma del «gobierno digital» reintroduce la noción, ampliando sustancialmente su alcance y relevancia respecto a décadas pasadas.

La Ley de Gobernanza de Datos y Acceso a la Información Pública de la Provincia de Santa Fe, define en su artículo primero a la innovación pública como el «desarrollo, implementación, mejoramiento o incorporación de nuevas soluciones, procesos o abordajes que mejoren las respuestas, las capacidades de acción y adaptación del Estado a los dinámicos y cambiantes desafíos colectivos, mejorando la calidad y efectividad de las intervenciones, la participación ciudadana y la calidad democrática»¹³. Esta definición, de naturaleza amplia, resalta el carácter elástico y en permanente actualización que distingue a la innovación pública en la gestión pública contemporánea¹⁴.

La Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública del CLAD¹⁵ desarrolla el concepto, explicando que «la innovación en la gestión pública puede definirse como el proceso de explorar, asimilar y explotar con éxito una novedad, en las esferas institucional, organizativa y social, de forma que aporte soluciones inéditas, originales y creativas a los problemas y permita así responder de manera óptima a las nuevas y tradicionales necesidades de los ciudadanos y de la sociedad».

En síntesis, podemos establecer que:

Ambas definiciones desarrollan la importancia del aporte de soluciones nuevas (LGDyAIP), inéditas, originales y creativas (CIIGP).

De este modo, la innovación pública se consolida como un mecanismo útil y eficaz que pretende conducir los propósitos de la gobernanza en torno a la satisfacción de necesidades de la ciudadanía, reformulándose desde la clásica actividad axiológica que orienta a la relación del gobernante y los ciudadanos¹⁶, hacia la búsqueda y promoción del «interés general, la participación ciudadana, la equidad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza, respetando todos los derechos humanos, los valores y procedimientos de la democracia y el Estado de Derecho»¹⁷.

El voto ha constituido históricamente una característica central de los gobiernos considerados democráticos. No obstante, en conocimiento de los derechos contenidos por la Constitución nacional y el plexo de tratados internacionales de derechos humanos, debemos explorar más profundamente los demás instrumentos que tienden a un propicio desarrollo de este sistema.

Es a partir de la reforma de 1994 de la Constitución nacional que «aparecen múltiples alusiones a la democracia en los calificativos que el orden normativo adjudica al sistema, a los valores, al orden constitucional, etc.»¹⁸. Así, podemos inferir que «la democracia implica situar políticamente al hombre en un régimen de libertad, en el cual la dignidad de la persona, y los derechos que ella ostenta, se hacen realmente efectivos y vigentes»¹⁹. Ferrajoli reflexiona sobre los aspectos sustanciales de la democracia, señalando que su definición debe incluir «la idea de límites y vínculos sustanciales o de contenido como son, típicamente, los derechos fundamentales»²⁰.

En sintonía con ello, la Constitución de la provincia de Santa Fe expresa en su Preámbulo el objeto de consolidar las instituciones democráticas y republicanas, y establece en su artículo primero que «la Provincia de Santa Fe, como miembro del Estado federal argentino, y con la población y el territorio que por derecho le corresponden, organiza sus instituciones fundamentales conforme a los principios democráticos (…)»²¹.

En la misma línea, la Ley Provincial Nº 14.256 de Gobernanza de Datos y Acceso a la Información Pública define al gobierno digital como «la incorporación y uso extenso de las tecnologías digitales como parte integral de los procesos internos y externos del sector público con el fin de crear valor bajo criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y participación, recreando y fortaleciendo la democracia y procurando alcanzar un desarrollo sustentable que posibilite la mejora en la calidad de vida de la ciudadanía»²².

La irrupción del gobierno digital representa, en este marco, un proceso de transformación profunda de la administración pública, impulsado por la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación, orientado a optimizar la eficiencia de los procedimientos estatales, fortaleciendo los mecanismos de interacción entre la ciudadanía y las instituciones gubernamentales.

Ello conlleva una nueva reconfiguración del vínculo entre el Estado y la sociedad, que habilita espacios de interacción más cercano entre ambos actores. En esta novedosa forma de relacionarse, nuevos derechos aparecen en juego. En sintonía con ello, la mencionada Ley, establece como derecho de la ciudadanía digital: la participación digital, que pretende un involucramiento activo y responsable de la ciudadanía «en los espacios digitales, contribuyendo al debate público y al ejercicio democrático»²³.

En definitiva, el gobierno digital no solo busca identificar una serie de prácticas e instrumentos destinados a robustecer y ampliar la respuesta del Estado frente a la tutela de las necesidades de la población, sino también promover una perspectiva democrática mediante la ampliación de los espacios de deliberación y la consolidación de los derechos fundamentales de la ciudadanía a través de herramientas que refuerzan su ejercicio.

Frente a la instauración de una nueva forma de gobierno adaptada al contexto tecnológico actual, surgen algunos desafíos que inciden en las relaciones entabladas entre el Estado y la ciudadanía. Por razones de extensión, el presente trabajo se centrará en el análisis de dos de ellos.

Tal como se ha mencionado, el artículo 32 de la Ley Provincial Nº 14.256 dispone que la participación digital contribuye al «debate político y ejercicio democrático» (inciso d). No obstante, para que dicho ejercicio pueda desarrollarse de manera plena y efectiva, resulta indispensable garantizar los derechos vinculados al acceso a las tecnologías digitales (inciso a) y a la educación digital (inciso b), en tanto constituyen condiciones necesarias para la efectividad de los principios de igualdad, no discriminación y gratuidad.

La transformación digital se enfrenta a un obstáculo estructural que revela desigualdades económicas, educativas, sociales y culturales de las comunidades. Es en regiones como América Latina, en las que el desafío radica en garantizar el acceso -en sentido amplio- a los medios necesarios para que todos los individuos sean parte de este proceso de transición desde lo analógico hacia lo digital.

El acceso igualitario, del cual la educación constituye un componente indispensable, refiere a una igualdad real de oportunidades y de participación en la esfera pública. La Constitución nacional determina que la igualdad real «opera como un principio a utilizar para realizar el valor igualitario, incluso con medidas de acción positiva, lo que -sin decirlo expresamente- acentúa un rasgo del Estado social y democrático de derecho»²⁴.

Este desafío, propio del contexto en el que estamos inmersos, apunta más allá de la digitalización dentro de la propia esfera de la administración. La cuestión adquiere relevancia en el marco de la interacción con los particulares, que ahora se encuentra adaptada -principalmente- a un soporte tecnológico, espacio que puede no resultar accesible para toda la comunidad.

Entre estos aspectos, la digitalización de los trámites y el rediseño de los procesos dirigidos a la ciudadanía requieren de metodologías eficientes y accesibles que posibiliten, entre otras cuestiones, la presentación de solicitudes, el seguimiento de las gestiones iniciadas, así como el acompañamiento y soporte necesario que facilite su tramitación. No obstante, aunque el rediseño de los circuitos administrativos y la capacidad de orientar a la población en el uso de las herramientas del gobierno digital constituyen elementos clave, por sí solos no garantizan que la totalidad de las personas pueda efectivamente acceder al trámite en cuestión.

Bajo esta perspectiva, resulta pertinente advertir que, si bien el avance amplio y sostenido de la digitalización es indispensable, dicho proceso no puede dar lugar a la conformación de espacios de «exclusión digital». En consecuencia, corresponde al Estado asumir un rol activo frente a esta problemática, toda vez que su omisión, además de contradecir lo previsto en la normativa provincial, implicaría la vulneración de derechos fundamentales de los individuos, en tanto restringiría el acceso y comprometería el principio de igualdad.

Una vez que avanzamos sobre este primer obstáculo, nos encontramos con otro desafío, propio de las problemáticas que entrañan las nuevas tecnologías: la protección de los datos. En este escenario, los ciudadanos digitales aparecen como nuevos vulnerables q merecedores de protección frente a las complejidades emergentes asociadas con la gobernanza de datos.

A lo largo de los años, diversos países han desarrollado marcos normativos orientados a la protección de datos, abordándose de manera sistemática a través de diversos instrumentos que pretenden salvaguardar la privacidad y seguridad de su información personal. Cabe destacar que, si bien la problemática no es un fenómeno reciente -como lo demuestra la sanción de la Ley de Protección de Datos Personales en Argentina, que se remonta al año 2000-, han surgido nuevos matices inherentes al uso de las nuevas tecnologías frente a los cuales la normativa vigente aún no ha sido debidamente adaptada.

La Ley actual fue dictada con base a la regulación constitucional del habeas data, propia de la reforma nacional de 1994, que pretendía enfocar el problema desde el «derecho a tomar conocimiento de los datos almacenados en registros o bancos de datos públicos o privados destinados a dar información a terceros, y de que cuando estos datos son falsos, o generan una aplicación discriminatoria, se abren acciones de control sobre dichos archivos para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos»²⁵.

Sin embargo, con la Ley 25.326 «hay nuevos contenidos en este derecho», donde «no se reglamenta precisamente la garantía procesal, exclusivamente, sino que también se abarcan otras cuestiones»²⁶. Siguiendo esta línea de análisis, el abordaje de esta temática implicaría reconocer que, a pesar de las diversas opiniones, su alcance parece desbordar «el ámbito de la intimidad y privacidad de las personas, pues se afectan otros derechos, tales como la verdad, la información, el patrimonio, la imagen, la identidad, el honor, la imagen, la voz, la autodeterminación informativa»²⁷.

En la actualidad, el consentimiento digital, la aparición de la big data y la utilización de registros electrónicos caracterizan la mayoría de los casos en los que se ve comprometida la protección de los datos personales. Ello, sumado a la importancia derivada de los derechos fundamentales involucrados, parece exponer la necesidad que ha dado lugar a algunas de las actuales iniciativas de adecuación normativa.

En Argentina, la Agencia de Acceso a la Información Pública²⁸ presentó un proyecto con el fin de actualizar la Ley Nacional de Protección de Datos Nº 25.326 que, si bien ha sentado un marco regulatorio sólido, robusto y con bases claras²⁹. requiere de una actualización acorde a los tiempos que corren. Esta propuesta de regulación se basa en normativas más modernas, que buscan reflejar la posibilidad de «dar respuesta a los nuevos desafíos que imponen las transformaciones tecnológicas y el desarrollo de la economía digital»³⁰.

Entre sus ejes centrales, el proyecto busca armonizar el régimen normativo nacional con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, incorporando -tras la enunciación de principios rectores- un conjunto de nuevas disposiciones relativas al tratamiento de datos personales y datos sensibles. Entre los aspectos abordados, se destacan la regulación de la transferencia internacional de datos, la enunciación de los derechos de los titulares y el establecimiento de obligaciones de los responsables y encargados del tratamiento. Asimismo, el capítulo X regula la acción judicial de habeas data, cuya principal innovación consiste en la ampliación de la legitimación activa para permitir su ejercicio colectivo. Por su parte, el capítulo VI contempla normas específicas sobre la protección de la información crediticia y los capítulos VII y VIII desarrollan un régimen sancionatorio con montos actualizados³¹.

Esta iniciativa que, si bien no es la única que ha surgido en Argentina, resulta altamente consonante con los marcos normativos adoptados por otros países que ya han actualizado sus legislaciones, y ofrece un nuevo enfoque que parece ajustarse de manera más adecuada a las problemáticas actuales vinculadas con la protección de datos personales.

Desde el año 2024, la provincia de Santa Fe cuenta con un renovado marco regulatorio en materia de innovación pública. La sanción de la Ley de Gobernanza de Datos y Acceso a la Información Pública, los Decretos 0191/2024 de Territorio 5.0 y el Decreto 0400/2024 de Despapelización de la Administración Pública Provincial, contribuyen a configurar las condiciones normativas e institucionales necesarias para la adopción de tecnologías. A lo anteriormente expuesto, debe añadirse la presencia de otras disposiciones que, si bien no configuran un abordaje integral en torno a la adopción de tecnologías o a la regulación del gobierno digital, sí introducen innovaciones orientadas a áreas o procedimientos puntuales del gobierno -como trámites o procedimientos administrativos en particular- con el objetivo de optimizar su eficacia y eficiencia.

El novedoso marco normativo orienta el proceso de transformación digital en el ámbito de la administración pública el cual, si bien retoma algunos de los conceptos introducidos por el Decreto 4174/15 de procedimiento administrativo y la Ley Provincial Nº 12.491, regula de forma integral y sistémica la problemática, impulsando la incorporación progresiva de la digitalización. En consecuencia, pasamos a analizar los principales avances de esta regulación en la Provincia de Santa Fe.

La Ley Provincial de Gobernanza de Datos y Acceso a la Información Pública Nº 14.256 contiene disposiciones estructuradas en nueve capítulos, donde se regulan principalmente y por orden:

Disposiciones generales: relativas al ámbito de aplicación y a la creación de una unidad de gestión destinada a la administración, supervisión, coordinación y fomento de actividades de innovación, desarrollo e incorporación de tecnologías en el ámbito público.

Por su parte, el Decreto N° 4174/2015 de Procedimiento Administrativo instituye que fue:

Relativo a su fundamentación, señala la norma en sus considerandos, la centralidad de la reglamentación del expediente electrónico, lo que se ve concretizado en su capítulo XII donde:

Regula la posibilidad de sustanciar y realizar presentaciones en forma electrónica ante la Administración pública provincial.

Este relevante antecedente, se encuentra con la reciente sanción de la Ley N.º 14.256 que pretende impulsar un proceso de transformación digital que no había logrado ser instaurado años atrás.

A partir del dictado de la Ley, se creó mediante Decreto N.º 0191/2024, el programa de Territorio 5.0 en el marco de la administración pública provincial centralizada y descentralizada que pretende la efectiva instauración del gobierno digital mediante la aprobación y reglamentación de la Plataforma de Gestión Digital (PGD) TIMBÓ³⁵, compuesta por diversos módulos que abordan la digitalización de los procesos internos y externos de la administración.

A la fecha de hoy, ya se encuentran implementados a través de la plataforma de gestión, la firma de algunos actos administrativos, entre ellos los decretos y las resoluciones, los cuales se encuentran firmados íntegramente a través de firma digital. Por su parte, los ministeriales también han adoptado este procedimiento. Esta situación da un gran paso en lo que ya había expuesto la Ley Provincial Nº 12.491 que adhiere a la Ley Nacional de Firma Digital, donde se determinaba un plazo máximo de cinco años desde su entrada en vigor para la aplicación de la firma digital a la totalidad de las «leyes, decretos, ordenanzas, sentencias, resoluciones, y actos administrativos en general³⁶».

Asimismo, se han tramitado una considerable cantidad de expedientes administrativos, entre los cuales se destacan algunos procedimientos cuya solicitud ha sido realizada mediante Atención Virtual, la cual es una plataforma vinculada con TIMBÓ que pretende a garantizar un acceso sencillo, ágil y cercano de los trámites del Estado hacia la ciudadanía.

A diferencia de otras provincias o del Estado nacional, la provincia de Santa Fe carecía de un marco regulatorio integral, relacionado al uso e implementación de tecnologías en el gobierno hasta el renovado panorama legislativo que se remonta hacia final del año 2023 e inicios de 2024. No obstante, los avances previamente mencionados configuran un nuevo escenario normativo que ha comenzado a consolidarse, aunque aún se encuentra en una etapa incipiente de desarrollo e implementación.

En este sentido, la denominación adoptada por la Ley de Ministerios Nº 14.224 para el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública parece dar cuenta de, «la voluntad del Poder Ejecutivo Provincial de innovar las estructuras y los procedimientos administrativos en orden a crear un Estado Provincial más eficiente, menos burocrático, disminuyendo los costos de funcionamiento y que dé respuestas de calidad en el menor tiempo posible»³⁷.

A partir del Decreto 0191/2024 de implementación del Programa Territorio 5.0, las primeras tramitaciones digitales han tenido lugar a través de la Plataforma de Gestión Digital TIMBÓ. Esta situación, representa un avance significativo en el proceso de transición hacia el gobierno digital, aunque aún exige de una labor intensa de desarrollo e implementación para finalizar su concreción.

Por otro lado, nuevas tecnologías, cuya incorporación parece estar en una fase muy temprana de desarrollo, podrían adquirir particular relevancia en lo relativo a la ejecución de tareas simples y repetitivas, muy comunes en las administraciones, tales como la elaboración de documentos, informes, dictámenes y otros actos. En el marco de la interacción con la ciudadanía, también podrían desarrollarse asistentes virtuales (chatbots) que faciliten el acceso y complementen la realización de los trámites digitales.

En este sentido, la integración de estas tecnologías emergentes -como la inteligencia artificial- tiene el potencial de optimizar tanto los procesos administrativos como la calidad del vínculo entre el Estado y la ciudadanía, siempre que su implementación sea acompañada de instancias de capacitación, fortalecimiento institucional y provisión de herramientas adecuadas que garanticen su eficacia y regulación.

Ahora bien, esta situación deberá ser abordada en un futuro desde una perspectiva estratégica y gradual, que permita integrar dichas herramientas en consonancia con los recursos y la viabilidad técnica disponibles, aspectos que aún se encuentran en una etapa no consolidada dentro de la administración.