Los mecanismos de democracia directa en el constitucionalismo latinoamericano: El caso de Nicaragua

Resumen

Los regímenes democráticos modernos surgidos a partir de la ilustración nacen con la contradicción intrínseca de si lo que debe aplicarse es la democracia directa o una democracia representativa. La práctica determinó la imposición de la democracia representativa. La democracia representativa ha experimentado cambios importantes en cuanto a su concepción, sujetos, alcance y límites; en las últimas décadas del siglo pasado se hizo evidente una suerte de crisis de los sistemas democráticos representativos, dando lugar al surgimiento de mecanismos de democracia directa y mecanismos de democracia participativa, especialmente en el constitucionalismo latinoamericano. En la inmensa mayoría de las constituciones latinoamericanas encontramos mecanismos de democracia directa que van, desde los tradicionales plebiscitos y referéndum, hasta novedosas e innovadoras formas participativas. En el constitucionalismo nicaragüense, a partir de la Constitución de 1824, se constata un desarrollo progresivo que permite hablar de una democracia de propietarios, democracia con exclusión de la participación de las mujeres, democracia con segregación racial, hasta la democracia con sufragio universal. Es en la Constitución de 1987 donde comienzan a manifestarse mecanismos de democracia directa, que luego se profundizan en las sucesivas reformas producidas hasta hoy. Se habla pues de una democracia representativa, participativa y directa, con participación protagónica del individuo, familia y comunidad, y con un Modelo de Alianza, Dialogo y Consenso entre empresariado, trabajadores y Gobierno, para el desarrollo económico y social del país; lo que, al igual que ha ocurrido en distintos países latinoamericanos, ha dado lugar al establecimiento normativo de mecanismos de democracia directa, como el plebiscito, referéndum, consultas populares, revocación de mandato, control social, presupuesto participativo, participación protagónica y decisoria en la elaboración, gestión y control de políticas nacionales y locales, cabildos municipales, asambleas o consejos locales y sectoriales.