Resumen
La respuesta institucional frente a los menores de edad que actualizan conductas contempladas en la ley penal se ha orientado, en general, en términos similares a la respuesta penal dirigida a los adultos, pero sin las garantías constitucionales que éstos han conquistado.
Sólo recientemente con el modelo de responsabilidad juvenil se ha cobijado a los jóvenes con las garantías inherentes a un sistema de justicia penal democrático, sin embargo, persistir en qué el criterio de responsabilidad juvenil esté contemplado en el ámbito penal genera problemas de consistencia interna y externa de ésta orientación político-criminal.
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